La Fiscalía ha pedido 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa para el jugador Neymar da Silva Junior y 5 años para el expresidente del Barça Sandro Rosell por delitos de corrupción y estafa en el fichaje del delantero al fondo brasileño DIS, que tenía un 40% de sus derechos federativos.
En su escrito de acusación, el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, que ha pedido
el archivo de la causa para el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, por falta
de indicios contra él, reclama asimismo 8,4 millones de euros de multa para el Barcelona
y 7 millones para el Santos brasileño, de donde provenía el jugador cuando fue fichado
por el equipo blaugrana.
También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos
por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y pide asimismo
una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N, además de reclamar a
cada uno la misma multa de 10 millones de euros que el fiscal ha pedido para el jugador.
En esta causa, conocida como el caso Neymar 2, se investigan delitos de estafa y corrupción
entre particulares a raíz de una querella del fondo DIS, que tenía un 40% de los derechos
federativos del jugador y que se consideró engañado por lo que le pagó el Barça.
Por ello, el fiscal reclama a los acusados Rosell y Odilio Rodigues, exvicepresidente del
Santos; así como al Santos y al Barça, como personas jurídicas, que indemnicen de forma
conjunta a DIS con 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Según el fiscal, "con la intención de ocultar el coste real del jugador", que después se supo
había ascendido a 83 millones de euros, Rosell, "actuando siempre en representación del FC Barcelona", se concertó con Rodrigues y con el padre de Neymar "e idearon fragmentar el pago del fichaje
del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos".
El fichaje de Neymar se llevó a cabo en dos momentos "diferenciados" y así en 2011 el
Barcelona se comprometió a pagar al delantero 40 millones de euros para que jugara en el
equipo catalán a partir de 2014 y le dio un adelanto de 10 millones, "impidiendo que otros
clubes participaran libremente en el mercado para la adquisición de los derechos federativos".
Este acuerdo se materializo en dos contratos en los que participó el FC Barcelona, bajo
la representación de Rosell y Bartomeu, que entonces era vicepresidente del club; así como
el jugador, su padre y la empresa N&N, de titularidad al 50% de los padres de Neymar.
Los contratos fueron suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011. A través del
primero el Barcelona se comprometió, además de a pagar por el traspaso 40 millones, a
abonar a Neymar un sueldo de 36,1 millones en 5 años, todo ello para 2014, año en el que
el jugador dejaría de estar vinculado al Santos y DIS ya no tendría los derechos.
Sin embargo, para lograr adelantar a 2013 el fichaje, Rosell "decidió abonar unas cantidades
superiores" a Neymar que, a través "de su padre y agente", reclamó una prima mayor para
incorporarse al Barça y también para el Santos, con el que "se concertó para que recibiera
directamente parte del precio derivado de la transferencia de los derechos federativos,
evitando de esta manera abonar a DIS el 40%".
Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, "el FC Barcelona decidió mantener públicamente
que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club" los 40 millones
inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los
derechos federativos al Santos, indica Perals.
DIS percibió el 40 % de esa cantidad, sin embargo "la cantidad real del traspaso de los
derechos federativos" ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser
indemnizado con 3,2 millones.
En cuanto a Bartomeu, Perals indica que su mera condición como vicepresidente del club
cuando se produjeron los hechos "motivó que firmara algunos contratos", pero no se ha
podido acreditar "su participación activa en la negociación".
El juez José de la Mata, instructor de esta causa, decidió archivarla porque consideró que
las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del jugador-, si bien pueden tener
"repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias", no encajan en un procedimiento penal.
La Fiscalía recurrió esta decisión y finalmente la Audiencia Nacional ordenó a De la Mata
que procesara a los investigados tal y como le había pedido Perals al apreciar indicios de
delitos de corrupción entre particulares y estafa
el archivo de la causa para el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, por falta
de indicios contra él, reclama asimismo 8,4 millones de euros de multa para el Barcelona
y 7 millones para el Santos brasileño, de donde provenía el jugador cuando fue fichado
por el equipo blaugrana.
También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos
por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y pide asimismo
una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N, además de reclamar a
cada uno la misma multa de 10 millones de euros que el fiscal ha pedido para el jugador.
En esta causa, conocida como el caso Neymar 2, se investigan delitos de estafa y corrupción
entre particulares a raíz de una querella del fondo DIS, que tenía un 40% de los derechos
federativos del jugador y que se consideró engañado por lo que le pagó el Barça.
Por ello, el fiscal reclama a los acusados Rosell y Odilio Rodigues, exvicepresidente del
Santos; así como al Santos y al Barça, como personas jurídicas, que indemnicen de forma
conjunta a DIS con 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Según el fiscal, "con la intención de ocultar el coste real del jugador", que después se supo
había ascendido a 83 millones de euros, Rosell, "actuando siempre en representación del FC Barcelona", se concertó con Rodrigues y con el padre de Neymar "e idearon fragmentar el pago del fichaje
del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos".
El fichaje de Neymar se llevó a cabo en dos momentos "diferenciados" y así en 2011 el
Barcelona se comprometió a pagar al delantero 40 millones de euros para que jugara en el
equipo catalán a partir de 2014 y le dio un adelanto de 10 millones, "impidiendo que otros
clubes participaran libremente en el mercado para la adquisición de los derechos federativos".
Este acuerdo se materializo en dos contratos en los que participó el FC Barcelona, bajo
la representación de Rosell y Bartomeu, que entonces era vicepresidente del club; así como
el jugador, su padre y la empresa N&N, de titularidad al 50% de los padres de Neymar.
Los contratos fueron suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011. A través del
primero el Barcelona se comprometió, además de a pagar por el traspaso 40 millones, a
abonar a Neymar un sueldo de 36,1 millones en 5 años, todo ello para 2014, año en el que
el jugador dejaría de estar vinculado al Santos y DIS ya no tendría los derechos.
Sin embargo, para lograr adelantar a 2013 el fichaje, Rosell "decidió abonar unas cantidades
superiores" a Neymar que, a través "de su padre y agente", reclamó una prima mayor para
incorporarse al Barça y también para el Santos, con el que "se concertó para que recibiera
directamente parte del precio derivado de la transferencia de los derechos federativos,
evitando de esta manera abonar a DIS el 40%".
Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, "el FC Barcelona decidió mantener públicamente
que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club" los 40 millones
inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los
derechos federativos al Santos, indica Perals.
DIS percibió el 40 % de esa cantidad, sin embargo "la cantidad real del traspaso de los
derechos federativos" ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser
indemnizado con 3,2 millones.
En cuanto a Bartomeu, Perals indica que su mera condición como vicepresidente del club
cuando se produjeron los hechos "motivó que firmara algunos contratos", pero no se ha
podido acreditar "su participación activa en la negociación".
El juez José de la Mata, instructor de esta causa, decidió archivarla porque consideró que
las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del jugador-, si bien pueden tener
"repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias", no encajan en un procedimiento penal.
La Fiscalía recurrió esta decisión y finalmente la Audiencia Nacional ordenó a De la Mata
que procesara a los investigados tal y como le había pedido Perals al apreciar indicios de
delitos de corrupción entre particulares y estafa
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